El Ministerio de Hacienda anunció que aceptarán la propuesta que hizo la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) el 24 de agosto, de reestructurar la deuda que tiene el Gobierno con los bancos a corto plazo, convirtiéndola en deuda a mediano y largo plazo, a pagarse en periodos de entre dos a siete años.
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Hacienda precisó que los plazos establecidos son de dos, tres, cinco y siete años, aclarando que la operación se hará mediante la emisión de títulos valores, es decir, instrumentos para que entidades gubernamentales o financieras compren la deuda de un país.
Estos títulos, que El Salvador emite anualmente y se llaman Letras y Certificados del Tesoro Público (LETES y CETES) son deuda corto plazo, que se debe pagar en menos de un año. Se emiten con montos específicos, obligando a los bancos a comprarlos, y así aliviar la necesidad inmediata de fondos del Estado.
Sin embargo, los bancos prestan el dinero bajo condiciones acordadas anteriormente, como los plazos, el vencimiento de pago, y la tasa de interés que el Gobierno salvadoreño deberá reintegrar a las entidades junto al capital que abone periódicamente.
Por lo general, estas operaciones se hacen cuando el Gobierno necesita fondos para cubrir sus obligaciones previsionales, gastos corrientes o cualquier otra necesidad de corto plazo.
Hacienda ha detallado que se emitirán los títulos y se pagarán a las instituciones antes de que venzan, para luego emitir nuevos a un plazo de pago mayor.
El ente asegura que no se incrementará la deuda del país. Sin embargo, por lo general, convertir deuda de corto a mediano o largo plazo implica comprometerse a abonar más pagos en intereses a las entidades que compren los títulos valores, y de facto incrementar la deuda de El Salvador.
No obstante, comúnmente, la tasa de interés a largo plazo suele ser menor que la establecida en la deuda a corto plazo. Para saber esto, habrá que esperar a que Hacienda coloque el primer título valor.
Emisión de $1000 millones en deuda
Esto se da luego de que el pasado 20 de junio, la Asamblea autorizara al Ejecutivo la emisión de deuda por hasta $1000 millones a través de títulos valores, que servirían para convertir la deuda a corto plazo, a mediano o largo plazo.
Decreto 771 / https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/488F95B8-0731-4168-8E6B-739BEDE034CA.pdf
Deuda pública El Salvador
La deuda pública del país asciende, hasta agosto de 2023, a $28,615 millones, según el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), es decir, el 83.7% del PIB. Esto implica que de cada $100 dólares que produce el país, $83 se van para pagar deuda, y solo $17 quedan para inversión.
Viéndolo de otra manera, el 83% de los ingresos de un ciudadano o empresa se destinan para pagar deuda.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, en su último informe sobre las condiciones de inversión en El Salvador, precisó que la deuda tiene un camino «insostenible«, lo cual «crea incertidumbre sobre la capacidad de El Salvador para cumplir con sus compromisos futuros”.
En mayo de 2019, antes del inicio de la administración del presidente Nayib Bukele, la deuda pública total era de $19,241 millones, según el último informe de Situación País 2023 de la UFG. Es decir, desde esa fecha hasta ahora, ha crecido casi $10,000 millones.
Deuda pública / https://ri.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/9827/1/2o%20Informe%20de%20Pa%c3%ads%202023%20-%20ago2023%20-%20Final.pdf
La deuda pública histórica bajó de $25,350 millones a $19,762 por el canje de la deuda de pensiones en abril. Sin embargo, el Gobierno aún debe esa cantidad más el monto nuevo prestado ($455 millones). Las cifras totales se estructuran de la siguiente forma:
- Deuda pública ($19,762 millones)
- Certificados de obligaciones provisionales ($8,397 millones; deuda de pensiones)
- Certificados de Financiamiento de Transición ($455 millones; deuda de pensiones).
Deuda de pensiones
En abril, se conoció que el Gobierno reestructuró la deuda de pensiones (que tiene con los trabajadores, y la cual asciende a $8,397 millones), cambiando los Certificados de Inversión Previsional, por Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), a un plazo de 50 años, y con un periodo de gracia de cuatro años.
Luego de ese periodo, deberá amortizar el 7% anual de interés.
Este mecanismo le permite emitir títulos valores por cierta cantidad, obligando a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) a que los compren con los fondos de los trabajadores, y librándose de pagar la deuda generada con ellas por cuatro años.
Sin embargo, después deberá devolver el monto prestado más el 7% de interés, todos los años.
Después de este cambio, se supo que el Gobierno tomó prestados $455 millones de los ahorros de los cotizantes para pagar las pensiones del sistema público (Inpep, Ipsfa). Según datos del BCR, no ha prestado ni ha abonado más desde entonces; al menos hasta junio. Faltan las estadísticas de julio y agosto.
Es decir, todavía no ha devuelto nada a la nueva deuda con los ahorrantes.
Recorte del presupuesto para pagar pensiones
Antes de reestructurar la deuda de pensiones, en marzo, se supo que el Gobierno recortó $233 millones al fondo de pensiones (de los $570,563,652 millones asignados en el Presupuesto 2023 al Instituto Salvadoreño de Pensiones, ISP).
Patricio Pineda, fundador de la Mesa por una Pensión Digna, cree que en la primera operación, Hacienda reorientó los fondos para pagar las elecciones de 2024, puesto que después la Asamblea Legislativa le asignó $92 millones más al presupuesto extraordinario de los comicios.
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Para julio, según datos del Portal de Transparencia de Hacienda, el ISP ha ejecutado $277 millones de su presupuesto, pues solo quedan $293 millones disponibles. Sin embargo, al primer recorte se le sumó otro de $54.9 millones, totalizando $287 millones recortados.
Emisiones de deuda de la Asamblea Legislativa
El 15 de agosto, la Asamblea Legislativa aprobó emitir bonos en el mercado regional, nacional o internacional hasta por $500 millones, a iniciativa del presidente de la República, a través del ministro de Hacienda. Esto, a fin de atender «diferentes y emergentes obligaciones generales del Estado«, sin especificar cuáles.
Es decir, le faculta al Ejecutivo a que algún gobierno o entidad financiera compre parte de la deuda del país, mediante la colocación de un bono con un monto específico (no más de $1000 millones, en el primer caso, y de $500, en el segundo).
Sin embargo, en esta operación se compromete a devolver el dinero a un plazo y cuotas de interés establecidas.
De esta manera, alivia las finanzas del Estado en el corto plazo, pero se endeuda en el largo plazo.
