Las oenegés rechazan la propuesta de un impuesto al 30% de las donaciones que reciben, que ha formulado el presidente Nayib Bukele. La medida es parte del proyecto de la Ley de Agentes Extranjeros que el mandatario anunció que enviaría a la Asamblea Legislativa.
Las organizaciones coinciden en que la aplicación del impuesto afectaría a las instituciones que reciben cooperación y a las personas beneficiarias de esos fondos. Entre estas se incluyen comunidades rurales, víctimas de violaciones de derechos humanos y proyectos encaminados a educación y atención en salud.
“Pedir que se dé un 30% del monto que reciben (las oenegés) es casi volver inaccesible esos fondos de cooperación a las organizaciones. Es decir, equivale a ahogar a las instituciones. Creo que ese es el objetivo, para que no realicen la labor, que al final es una labor a favor de beneficiarios de víctimas, que muchas veces no ha atendido el Estado”, expresó Abraham Abrego, director de acompañamiento a víctimas CRISTOSAL.
Video/ TCS/ Reportaje por Lissette Santamaria.
Además, advierten que esta legislación podría dar paso a mecanismos de control que limiten el trabajo de organizaciones que reciben fondos del exterior. Esto afectaría su labor en defensa de derechos y vigilancia ciudadana.
En 2021 se analizaron impuestos a donativos de oenegés
No es la primera vez que el gobierno impulsa una Ley de Agentes Extranjeros. En 2021 propuso una normativa similar, con un impuesto del 40%, sanciones y hasta procesos penales. El proyecto de ley tuvo dictamen favorable en una comisión, pero no llegó a ser discutido en el pleno legislativo.
“¿Cuál es el estudio que va a hacer la Asamblea Legislativa a esa propuesta de ley? Yo creo que ningún tema está cerrado de hablarlo en una organización democrática. Las organizaciones estamos de acuerdo en que se hable cualquier normativa, pero que se discuta y que se inviten a actores que puedan dar opinión sobre esto. Además, que compare la población el trabajo que hacen las organizaciones a favor de las comunidades con el que hacen muchas entidades gubernamentales. Estamos seguros de que salimos mejor evaluados que muchas entidades de gobiernos”, enfatizó Héctor Carrillo, director ejecutivo de FESPAD.
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Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, advierte que el proyecto de ley podría dar paso a mecanismos de control que limiten el trabajo de organizaciones que reciben fondos del exterior. “Esta medida, de aprobarse, colocaría a El Salvador a la altura de dictaduras de la región o de regímenes autoritarios en el mundo. Nos pondrían mismo a nivel de Rusia, de Venezuela, de Nicaragua, que tienen este tipo de leyes que afectan a las organizaciones de sociedad civil. O sea, esta es la muestra de la escalada represiva del régimen autoritario salvadoreño”, señaló Escobar.
Además, consideran que gravar con un 30% las donaciones que reciben las oenegés de El Salvador también podría traducirse en despidos, ya que muchas organizaciones no podrán cubrir sus gastos. Y es que luego de que la administración Trump ordenó el cierre de USAID, la agencia de cooperación de Estados Unidos, las oenegés han buscado fuentes de financiamiento en la Unión Europea, seguida de Alemania, Suecia y Países Bajos.
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