La jueza Indira Talwani, del distrito de Massachusetts, EE.UU., anuló partes clave de la Orden Ejecutiva electoral del presidente Donald Trump que establecía un registro de electores.
El fallo dictamina que el presidente carece de autoridad para imponer unilateralmente la verificación de ciudadanía de los votantes a nivel nacional. Tampoco puede establecer requisitos para boletas por correo y administración electoral sin contar con la aprobación del Congreso.
La orden emitida el 31 de marzo instruyó al Departamento de Seguridad Nacional y la Administración del Seguro Social a elaborar una lista de votantes elegibles por estado.
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Pero la jueza declaró este jueves que las Secciones 2 y 3 de la Orden Ejecutiva “son legalmente nulas por ser ultra vires (más allá de los poderes) e inconstitucionalmente violar la separación de poderes”, dice el documento.
Y es que 23 estados de EE.UU. y el Distrito de Columbia impugnaron las Secciones 2, 3 y 5 de la Orden Ejecutiva 14399. Esto sobre la verificación de la ciudadanía y la integridad de las elecciones federales.
Registro verificaría ciudadanía
La Sección 2 ordenaba al director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), un componente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y al Comisionado de la Administración del Seguro Social (SSA) que elaboren “listas de ciudadanos elegibles para votar en un estado específico”.
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“La Orden Ejecutiva define las Listas de Ciudadanos Confirmados como aquellas personas cuya ciudadanía estadounidense esté confirmada, que sean mayores de 18 años al momento de las próximas elecciones federales y que mantengan su residencia en el estado en cuestión”, dice.
La jueza ordena que las disposiciones anuladas no se apliquen en relación con las elecciones federales del 3 de noviembre de 2026.
También prohíbe a las oficinas de la administración Trump que tomen medidas para crear un nuevo programa federal que supervise y controle el mantenimiento de los padrones electorales.
Tampoco podrán emprender investigaciones o enjuiciamientos contra los involucrados en la administración de elecciones federales en los 23 estados demandantes.
