La administración del presidente Donald Trump busca recuperar cientos de millones de dólares en multas migratorias pendientes, incluso de personas deportadas o que abandonaron Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pretende contratar una empresa privada para localizar a migrantes en México, Honduras y Guatemala. La compañía deberá rastrear a estas personas, verificar sus domicilios y notificarles sobre las deudas pendientes.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) impulsa el contrato, que podría alcanzar los nueve millones de dólares durante dos años. Sin embargo, el mecanismo todavía está en proceso.
Inicialmente, las multas migratorias se buscarían cobrar mediante registros públicos y otras fuentes de información. El objetivo consiste en ubicar a las personas y confirmar sus domicilios fuera de Estados Unidos.
“Esta medida es parte de las mil maneras en que la administración Trump busca generar temor e incertidumbre. No solo en las personas migrantes sin papeles que viven en Estados Unidos, sino también en aquellos que viven ahora de regreso en sus países de origen”, destacó Óscar Chacón, asesor de estrategias en Alianza Américas.
Además, las multas migratorias podrían representar obstáculos para quienes intenten regresar legalmente a Estados Unidos.
“Por ejemplo, alguien que es deportado, pero tiene una petición migratoria pendiente por parte de un familiar cercano, podría hacerse efectiva. Esa multa es decirle: No puedes continuar tu proceso mientras no pagues estas multas”, manifestó Óscar Chacón, asesor de estrategias en Alianza Américas.
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Por ahora, las multas migratorias aún no se aplican mediante este mecanismo. Los analistas recomiendan no entregar dinero ni información personal a desconocidos. Esto busca evitar posibles estafas mientras avanza la propuesta impulsada por las autoridades estadounidenses.
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