El Gabinete de Seguridad Ampliado advirtió que bandas criminales internacionales han consolidado operaciones en El Salvador al utilizar a salvadoreños como “mulas financieras”.
Estas personas prestan o permiten el uso de sus cuentas bancarias para mover dinero ilícito, consciente o inconscientemente. Aunque no cometan el delito original, facilitan que fondos provenientes de actividades ilegales lleguen a su destino. La ley los responsabiliza con sanciones que incluyen congelamiento de cuentas y hasta cárcel.
Las autoridades dieron un ultimátum a quienes participaron en el caso “Escudo Virtual», red vinculada a la mafia colombiana. “Tienen hasta el 30 de septiembre para presentarse en la Fiscalía General de la República para rendir su declaración”, expresó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, al respecto.
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“Mulas financieras”: reclutamiento y vulnerabilidad social
Criminólogos señalan que estas redes aprovechan la necesidad de ingresos rápidos en comunidades vulnerables.
El criminólogo Elmer Arias explicó que “la gente acepta la oferta de comisión sin pensar que los depósitos pueden venir de armas, drogas o secuestros”.
Por su parte, el criminalista Misael Rivas indicó que “estas personas solo sirven para cargar el delito, por eso se les llama mulas”.
Los especialistas coinciden en que la falta de educación financiera expone a los salvadoreños a estas estructuras. Además, consideran urgente fortalecer la prevención y capacitar a la población en el uso responsable de sus cuentas bancarias.
Respuesta institucional y sanciones
El caso “Escudo Virtual» inició en mayo de 2025 y ha dejado ya 130 órdenes de captura: 123 salvadoreños, cuatro colombianos, dos guatemaltecos y un venezolano.
Arias sostiene que el país debe actualizar sus marcos legales: “La Fiscalía y la Policía necesitan herramientas más modernas. La ley de delitos cibernéticos y la de lavado de dinero deben adaptarse a la evolución del crimen”.
Las penas para quienes participan como “mulas financieras” son severas. La Ley Especial contra el Lavado de Dinero y Activos contempla de 4 a 12 años de prisión, además de multas equivalentes al monto transferido.
El Código Penal, en su artículo 332, agrega sanciones de 3 a 6 años por asociación ilícita. Si el implicado sabía que los fondos provenían de estafas, puede ser acusado de complicidad con penas de hasta 6 años, según el monto y la gravedad del caso según el artículo 209 y 211 del mismo Código Penal.
Video / TCS. / Reportaje elaborado por: Lissette Santamaría.
Riesgo y prevención
La advertencia del Gabinete de Seguridad es clara: quienes se convierten en “mulas financieras” no solo arriesgan su libertad, también terminan atrapados en redes criminales que mueven millones en la región.
El desafío ahora recae en el Estado: sancionar a los responsables y, al mismo tiempo, educar a la población para frenar el crecimiento de estas estructuras.
