La Comisión Política de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para ratificar la reforma al artículo 27 de la Constitución de la República, una vez concluido el estudio de las reformas a las leyes secundarias para la aplicación de la pena perpetua para homicidas, violadores y terroristas.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, confirmó que el dictamen será remitido al Pleno Legislativo para su discusión. «La Fiscalía General de la República y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aprobamos el dictamen que pasará al Pleno Legislativo para su discusión«, expresó.
La reforma al artículo 27 ya había sido aprobada el pasado 17 de marzo con 59 votos; sin embargo, para su entrada en vigor se requiere la ratificación por las tres cuartas partes de la Asamblea.
Además de la reforma constitucional, los legisladores deberán armonizar cuatro normativas secundarias para garantizar la aplicación efectiva de la cadena perpetua.
Esto incluye reformas al Código Penal, a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley Penal Juvenil. Estas modificaciones se aprueban por mayoría simple.
Previo a la emisión del dictamen, la Comisión Política desarrolló cuatro sesiones de trabajo en las que se analizó la propuesta y se escucharon opiniones de funcionarios del Gabinete de Seguridad, la Fiscalía General de la República y magistrados de distintas salas de la Corte Suprema de Justicia. Todos coincidieron en recomendar la continuidad del proceso de ratificación.
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Proponen cambios penales para aplicar cadena perpetua
El diputado de Nuevas Ideas, Caleb Navarro planteó reformas a los artículos 66 y 68 del Código Penal para que cómplices en delitos con prisión perpetua reciban la misma pena que los autores y regular sanciones en delitos tentados. También propuso que las reformas entren en vigencia 30 días después de su publicación en el Diario Oficial.
La iniciativa contempla modificar al menos 10 artículos del Código Penal para imponer cadena perpetua en homicidio y delitos sexuales, además de incorporar nuevas disposiciones sobre libertad controlada y revisión de penas, estableciendo plazos diferenciados según la gravedad y circunstancias del delito.
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