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martes, 18 agosto, 2026
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Conductor seguirá detenido por muerte de motociclista repartidor  

El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra el conductor del vehículo deportivo que provocó el accidente en el que murió un motociclista repartidor de comida.

El conductor enfrenta los delitos de homicidio culposo, en perjuicio de Manuel de Jesús Murcia Arístides, y de conducción peligrosa de vehículo automotor en perjuicio de la vida e integridad física de las personas.

El accidente se registró el pasado 6 de agosto, luego que el detenido departiera y consumiera bebidas alcohólicas en un restaurante en el bulevar El Hipódromo en San Salvador.

Según el requerimiento fiscal, «posteriormente abordó su vehículo deportivo, un Chevrolet Corvette. Bajo los efectos del alcohol, circuló en sentido contrario a excesiva velocidad hasta impactar a la víctima, un motociclista que trabajaba como repartidor de una aplicación de comida».

Las investigaciones determinaron que el motociclista fue arrastrado aproximadamente 16 metros. Tras el hecho, el imputado abandonó el vehículo unos 800 metros de la escena y huyó del lugar sin brindar ayuda a la víctima.

Conductor enfrenta audiencia inicial

Centros Judiciales informó que, durante la audiencia inicial, «el juzgador determinó que los indicios presentados eran suficientes para establecer la existencia de los delitos y la probable participación del imputado».

Entre los elementos presentados y valorados se encuentran el peritaje con el cual se verificó que el conductor manejaba a excesiva velocidad su vehículo.

Además de los videos en los que se observa al acusado consumiendo bebidas alcohólicas antes del accidente, así como el momento del impacto contra el motociclista.

«El juzgador consideró que persiste el riesgo de fuga o de obstaculización de la investigación, por lo que decretó la detención provisional mientras continúa el proceso penal».

Centros Judiciales también confirmó que el juzgado autorizó la inmovilización de dos cuentas bancarias a nombre del acusado, las cuales ascienden a más de $80,000, «así como la aplicación de medidas de carácter patrimonial sobre otros bienes».

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