El gobierno de Estados Unidos sancionó este martes a la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, como parte de las medidas impuestas por el presidente Donald Trump contra el tribunal con sede en La Haya.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro fue la encargada de formalizar la sanción contra Akane e incluyó a Abdoulaye Seye, fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional.
La decisión de la administración Trump ocurre en el contexto del enfrentamiento entre Washington y la Corte Penal Internacional por el alcance de las investigaciones y decisiones tomadas por el máximo tribunal.
Las sanciones implican el bloqueo de los bienes y las participaciones financieras que la presidenta de la Corte pueda tener bajo jurisdicción de Estados Unidos. Además, el Departamento del Tesoro estableció un período para cerrar determinadas operaciones relacionadas con ambos sancionados.
«Estas personas se han involucrado directamente en los intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción de ese tribunal», dijo el secretario de Estado, Marco Rubio.
Mientras tanto, la Corte Penal Internacional rechazó las sanciones y expresó «que socavan el Estado de derecho. Cuando se amenaza a los actores de la justicia por aplicar la ley, es el orden legal internacional el que se pone en riesgo».
