La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales por delitos de terrorismo, alzamiento armado y otros cargos vinculados a los bloqueos que paralizaron el país durante 53 días. La disposición instruye a la Policía capturarlo y trasladarlo a la Unidad Policial Especializada de Lucha Contra la Corrupción para continuar con las investigaciones.
La orden lleva la firma del fiscal anticorrupción Brayan Melgar y responde a denuncias presentadas por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el Ministerio de gobierno. La investigación atribuye a Morales responsabilidad en las protestas y cierres de carreteras que afectaron el abastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos, además de generar fuertes pérdidas económicas. Además, el Ministerio Público considera que existen elementos para avanzar con el proceso penal.
Los bloqueos se extendieron por 53 días y provocaron una de las mayores crisis recientes en Bolivia. Las autoridades sostienen que las movilizaciones interrumpieron rutas estratégicas y afectaron el transporte de bienes esenciales.
El Gobierno también responsabiliza al exmandatario de promover acciones para desestabilizar al país, mientras Morales rechaza esas acusaciones y afirma que existe una persecución política en su contra. Sin embargo, la investigación continúa su curso.
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Esta nueva orden se suma a otros procesos judiciales que enfrenta el exmandatario. Entre ellos figura una causa por presunta trata agravada de personas, por la cual ya existía un mandamiento de aprehensión vigente. Además, la justicia boliviana lo declaró en rebeldía tras no presentarse a las audiencias correspondientes.
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