La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al presidente Donald Trump aplicar, de forma provisional, la Ley de Enemigos Extranjeros, una herramienta legal creada en 1798 para tiempos de guerra. La decisión marca un giro polémico en la política migratoria estadounidense y ya tiene repercusiones directas en El Salvador.
El fallo permite al Gobierno acelerar la deportación de personas señaladas como miembros de estructuras criminales, aunque con límites: los migrantes deben tener derecho a defenderse ante los tribunales y ser notificados si su caso cae bajo esta ley.
Deportaciones exprés al CECOT
Bajo esta normativa, la administración Trump deportó a más de 200 venezolanos sin condenas previas. Todos fueron trasladados en vuelos directos hacia El Salvador donde quedaron detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad ubicada en Tecoluca, San Vicente.
Trump justificó la medida al declarar al Tren de Aragua, una pandilla venezolana, como una amenaza nacional y describir su presencia como una “invasión”.
Reacciones por aplicación de Ley de Guerra
El abogado de inmigración en EE. UU., Jesús Reyes, explicó que, aunque la ley habilita deportaciones rápidas, la Corte ha establecido salvaguardas legales.
“Solo mediante pruebas y un proceso legal se podrá determinar si un inmigrante cometió un delito que lo haga deportable”, sostuvo.
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Expertos analizan caso de El Salvador
Por su parte, las organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que esta estrategia podría afectar también a salvadoreños. La experta en migración Celia Medrano alertó que el acuerdo entre EE. UU. y El Salvador representa una peligrosa normalización del encarcelamiento sin juicio.
“Se sacrifica totalmente la dignidad de las personas, y los salvadoreños no estamos excluidos de esas consecuencias”, afirmó.
Además, subrayó que el uso del CECOT para albergar migrantes deportados no representa un trato preferencial para los salvadoreños en EE. UU.
La estrategia de Trump, que combina una ley centenaria con acuerdos bilaterales con el gobierno del presidente Nayib Bukele ha generado reacciones críticas dentro y fuera del país.
“Esto normaliza un sistema penitenciario señalado por violaciones sistemáticas de derechos humanos y le da a un presidente el poder de decidir quién tiene derechos y quién no”, dijo Noah Bullock, director de Cristóbal.
Video/TCS/reportaje Elaborado por Lissette Santamaría.
La Corte impone condiciones
En su resolución, la Corte Suprema también determinó que:
- Los migrantes deben tener un plazo razonable para acudir a tribunales.
- Deben ser informados si su caso será tratado bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
- Los procesos legales deben resolverse en los estados donde están detenidos, no en tribunales del Distrito de Columbia.
Con esta decisión, el uso de la ley queda autorizado, pero bajo estricta vigilancia legal.
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