Una mujer de la tercera edad fue desalojada el pasado 30 de julio de su vivienda por orden de una jueza en Quiché, Guatemala. Esto provocó la indignación de los vecinos, que formaron una turba enardecida, buscaron a la jueza y le incendiaron la casa. La anciana fue identificada como Juana Santiago Chel, de 72 años, que fue demandada por su propio hijo. Todo ocurrió en la comunidad de Xecoxol, en Nebaj, departamento de Quiché, a unos 140 kilómetros al norte de ciudad de Guatemala.
Lo que indignó a la comunidad fue que la policía, al ejecutar la orden de desalojo emitida por la jueza, sacó las pertenencias de la mujer a la calle. La mujer de la tercera edad se arrodillo llorando ante los policías para que no la expulsaran de que decía era su casa, pero fue retirada a la fuerza. Cuando ella se opuso, la cargaron en brazos y, al parecer, resultó lesionada.
Turba incendia casa de la jueza
Tras la expulsión, un grupo de vecinos enardecidos se dirigió a la casa de la jueza, quien momentos antes había salido la vivienda. La indignación dio paso a la violencia y le prendieron fuego a la casa. Los bomberos llegaron a intentar sofocar el incendio, pero la turba no les permitió el paso en un primer momento. Cuando por fin los dejaron ingresar, el fuego ya había avanzado y destruido varias cosas, incluso una motocicleta.
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El propio hijo demandó a la anciana
El abogado defensor de Juana Santiago Chel afirmó que, en este caso, “la historia es larga” porque fue el propio hijo de la señora quien solicitó el desalojo. Según versiones, el hijo mayor de la mujer habría intentado obligarla a firmar un traspaso de la propiedad. Pero ella se negó. Entonces, inició un proceso judicial que culminó en la orden de desalojo del inmueble, que pertenecía a los padres de la anciana de 72 años. Una vecina del lugar afirmó que es la séptima vez que se registra el desalojo, pero “la abuela ha resistido”.
Policía de Guatemala revisará actuación de agentes
La Policía Nacional Civil, PNC, de Guatemala, aseguró, mediante un comunicado, que la diligencia de desalojo realizada en Nebaj, Quiché, respondió exclusivamente al cumplimiento de una orden emitida por un órgano jurisdiccional competente. La institución afirmó que el procedimiento se desarrolló conforme a los marcos legales vigentes y reiteró su compromiso con el respeto al orden constitucional, la legalidad y los derechos humanos.
Sin embargo, informó que la Inspectoría General inició una investigación de oficio para auditar y evaluar las actuaciones de los agentes policiales que participaron en la diligencia. Según la PNC, esta revisión busca verificar que el procedimiento se haya ejecutado conforme a los protocolos institucionales.
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