El gobierno de Estados Unidos restringió este lunes las visas de 27 funcionarios, jueces, fiscales y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El Departamento de Estado los acusa de corrupción y narcotráfico, y de socavar gobiernos elegidos democráticamente. La medida alcanza a sus familiares directos.
Bolivia concentra el mayor número de afectados: Washington revocó las visas de 12 personas y sus familias, y otras nueve quedaron inelegibles para obtenerlas. Entre los afectados figuran fiscales, jueces, magistrados, un coronel de la Policía y un empresario. Además, la lista incluye al exministro de Justicia Iván Manolo Lima y al magistrado constitucional Israel Ramiro Campero.
Washington sostiene que el fiscal general, Roger Mariaca, pidió y aceptó sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudó a criminales violentos a evadir la justicia. Mariaca, elegido en 2024 para un período de seis años, recibió también una designación pública por corrupción.
Colombia incluye a la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, del Pacto Histórico, y al empresario Euclides Antonio Torres Romero. Por su parte, en Perú, Washington retiró la visa al juez Juan Carlos Núñez Matos, del Primer Juzgado Constitucional de Lima. Ecuador tiene dos ciudadanos afectados, aunque el comunicado no difundió sus nombres.
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La decisión se basa en la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esa disposición permite impedir el ingreso de extranjeros cuando su presencia o sus actividades puedan causar graves consecuencias adversas para la política exterior estadounidense. Las sanciones responden a los compromisos de la Cumbre de Doral, reafirmados el 22 de septiembre por los líderes del Escudo de las Américas.
Según Washington, el mecanismo es permanente y permitirá actuar rápidamente, junto a sus socios, a medida que surjan nuevas pruebas.
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