El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó la prohibición de la entrada al país de los directivos, empleados y agentes del organismo internacional, así como a sus familiares más cercanos y a cualquiera que haya aportado su ayuda a los trabajos de investigación del alto tribunal.
También prevé congelar en Estados Unidos todos los haberes de esas personas, cuyos nombres no se publicaron por el momento.
La Corte Penal Internacional con sede en La Haya, encargada de perseguir y juzgar a individuos acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, expresó que «se compromete a seguir impartiendo justicia y a darle esperanza a millones de víctimas».
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La Corte había sido ya criticada en Estados Unidos por emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu quien fue recibido el martes en la Casa Blanca por Trump y el exministro de Defensa Yoav Gallant.
«Esta organización escandalosa y corrupta, la Corte Penal Internacional, amenaza el derecho de todas las democracias a defenderse por sí mismas», señaló Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.
Cerca de 80 países que han adherido a ese tribunal denunciaron que las sanciones «aumentan el riesgo de impunidad de los más graves crímenes y amenazan con socavar el estado de derecho» en el mundo.
Corte Penal Internacional en desacuerdo con sanciones:
Fuente: Jan HENNOP / AFPTV / DC POOL / AFP
La ONU se sumó a las inquietudes, diciendo lamentar la iniciativa de Washington y pidió a Trump que reconsidere la medida.
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