El Real Madrid solicitó al Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ampliar por seis meses más la investigación del «caso Negreira», que indaga los pagos por $7.3 millones realizados por el FC Barcelona entre 2001 y 2018 al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, y a su hijo, Javier Enríquez Romero.
En un escrito presentado ante el tribunal, la entidad madridista, que actúa como acusación particular en el proceso, sostiene que la investigación desarrollada por la Guardia Civil ha reunido suficientes elementos que apuntan a la posible comisión de un delito continuado de corrupción deportiva.
El club considera que las pruebas obtenidas durante la fase de instrucción permiten avanzar hacia una nueva etapa del procedimiento judicial y afirma que la causa debería continuar por la vía del procedimiento abreviado una vez concluyan las diligencias pendientes.
Real Madrid solicita extender plazo
En mayo pasado, la jueza encargada del caso acordó extender la investigación hasta el 1 de septiembre de 2026. Sin embargo, el Real Madrid considera necesario prolongar nuevamente ese plazo debido a que aún faltan declaraciones, pruebas documentales y otras actuaciones judiciales por realizar.
Entre las diligencias solicitadas figura un requerimiento para que el FC Barcelona entregue la documentación relacionada con su sistema interno de prevención de delitos, así como su modelo de cumplimiento normativo y de organización, correspondiente al período en que estuvieron vigentes los pagos a las empresas vinculadas con Enríquez Negreira.
La petición abarca la documentación generada desde la entrada en vigor de la reforma del Código Penal aprobada mediante la Ley Orgánica 5/2010 y hasta julio de 2018, cuando concluyeron los pagos investigados.
Según el escrito presentado por el club madrileño, la información recopilada hasta ahora permite concluir que los mecanismos internos de control del Barcelona quedaron suspendidos cuando se autorizaban los pagos al exdirigente arbitral. Además, sostiene que dentro de la institución nadie cuestionó los procedimientos de autorización, las auditorías internas y externas, los informes forenses ni los procesos de revisión de cumplimiento.
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