La publicación de videos grabados sin consentimiento durante discusiones o conflictos en la vía pública puede derivar en consecuencias penales en El Salvador. Expertos advierten que, aunque una grabación puede tener valor probatorio en determinadas circunstancias, su difusión masiva en redes sociales podría vulnerar derechos protegidos por la ley.
La práctica se ha vuelto frecuente. En muchos casos, personas involucradas en incidentes de tránsito o desacuerdos cotidianos utilizan sus teléfonos móviles para registrar imágenes y posteriormente exponer a otros usuarios en redes sociales.
«En varias ocasiones me han querido grabar simplemente tal vez solo por pasarme un carril o se me olvidó poner la vía y la otra gente se enoja y ya saca el teléfono como que si uno ha hecho un gran delito. Creo que en unas dos ocasiones han sacado el teléfono diciendo: «Ah, te voy a grabar, te voy a exponer y hoy sí te vas a ir preso», expresó un conductor.
Según el abogado penalista Alexander Portillo, la legislación salvadoreña protege el derecho a la propia imagen, la intimidad y el honor. Por ello, la divulgación de material audiovisual sin autorización puede generar responsabilidades penales.
«Si esos videos se publican en redes sociales o se masifican, puede incurrir en el delito que está regulado en el artículo 26 de la Ley de Delitos Informáticos y Conexos, y pueden enfrentar una pena que puede ser de 3 a 5 años en el caso de que lo hiciese de manera masiva esta divulgación», reveló Portillo.
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Protección contempla grabación de mujeres
Además, la normativa contempla protección para las mujeres frente a este tipo de conductas.
«La Ley Especial para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer, en el artículo 50, también regula un tipo especial de prohibición para poder difundir cualquier imagen o información que dañe su imagen familiar, social o de cualquier otra índole y puede enfrentar una pena de uno o 3 años», enfatizó Portillo.
Además recomendó a quienes consideren vulnerados sus derechos, acudir a la Fiscalía General de la República para presentar la denuncia correspondiente.
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