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viernes, 01 mayo, 2026
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Gobierno de Trump suspende el TPS para ciudadanos de Honduras y Nicaragua

Ciudadanos de Honduras y Nicaragua recibieron el TPS desde 1999, luego del devastador paso del huracán Mitch que afectó gravemente a Centroamérica.

El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes la cancelación oficial del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los ciudadanos provenientes de Honduras y Nicaragua, según se consignó en el sitio web del Departamento de Seguridad Nacional del país estadounidense.

Las personas amparadas por el programa tendrán 60 días para salir de Estados Unidos o encontrar otra vía legal para permanecer en el país, una vez que la decisión entre en vigor.

En el caso de Honduras, las autoridades de Estados Unidos justificaron la medida señalando que «tras constatar una mejora en las condiciones de vida en Honduras, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció hoy la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS), según lo exige la ley».

Respecto a Nicaragua, explicaron que «tras consultar con socios interinstitucionales, la Secretaria Noem determinó que las condiciones en Nicaragua ya no cumplen con los requisitos legales del TPS. Su decisión se basó en una revisión de las condiciones en Nicaragua realizada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y en consulta con el Departamento de Estado. La Secretaria determinó que, en general, las condiciones en el país han mejorado hasta el punto de que los nicaragüenses pueden regresar a casa con seguridad».

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¿Cuándo comenzaron Honduras y Nicaragua a recibir el TPS?

Honduras y Nicaragua empezaron a beneficiarse del TPS en 1999, tras enfrentar graves desastres naturales, entre ellos el huracán Mitch en 1998, que afectaron profundamente sus territorios. Gracias a este programa, miles de personas de ambos países pudieron residir y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras se evaluaban las condiciones de seguridad y reconstrucción en sus lugares de origen.

Con esta medida, se calcula que más de 70,000 personas de ambas naciones centroamericanas perderán su protección legal para vivir en Estados Unidos.

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