El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó este martes a la Administración de Donald Trump a reactivar su política de deportaciones a terceros países. La medida, temporal, permite enviar a algunos migrantes a naciones con las que no tienen ningún vínculo. El alto tribunal escuchará los argumentos del caso en diciembre.
La decisión deja en suspenso los fallos de tribunales inferiores. Esas sentencias obligaban a avisar a los migrantes del país de destino y a darles la opción de impugnar el traslado antes de la expulsión. El juez federal Brian Murphy, con sede en Boston, declaró ilegal la política en febrero. Un tribunal de apelaciones respaldó en gran parte su criterio este mes.
Para la Administración, en cambio, esta vía resulta necesaria para expulsar a personas con antecedentes penales cuyos países de origen se niegan a recibirlas. Sus abogados alertaron de una emergencia nacional y explicaron que el bloqueo frustró un vuelo con unos 70 migrantes.
Tres juezas se opusieron a esta decisión: Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. La mayoría conservadora, de seis magistrados, respaldó al gobierno con una orden breve y sin firma. Es la tercera vez que el alto tribunal levanta las limitaciones impuestas a esta práctica migratoria.
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Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, la Administración ha enviado a más de 25,000 migrantes a 29 terceros países. La cifra procede de datos recopilados por organizaciones y medios estadounidenses. Además, un informe de senadores demócratas calcula que el gobierno destinó alrededor de $40 millones en 2025 para que otros países aceptaran deportados.
Ante los magistrados, las partes deberán responder si la política vulnera la ley federal, la cláusula de debido proceso de la Constitución o los reglamentos.
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