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domingo, 19 mayo, 2024

EE.UU. acusa al expresidente de Guatemala de corrupción

Tres de los hijos del expresidente Alejandro Giammattei también tienen prohibida la entrada a los Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos anunció el día de ayer, 17 de enero, la prohibición de la entrada a su territorio al expresidente guatemalteco Alejandro Giammattei, tres días después de que el mandatario dejara su cargo.

El país norteamericano lo acusa de haber participado de corrupción significativa, incluyendo la aceptación de sobornos a cambio del desempeño de sus funciones.

Video/TCS

El exmandatario también fue acusado de apoyar a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en una campaña judicial contra el nuevo presidente del país, Bernardo Arévalo.

Antes, la fiscal Porras también había sido sancionada por el gobierno estadounidense, que la incluyó en una lista de agentes corruptos y antidemocráticos. 

Sin embargo, Giammattei fue juramentado de forma virtual como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Por lo que tiene inmunidad ante cualquier acusación judicial en su contra.

De momento, el exmandatario hasta el momento no se ha pronunciado sobre los señalamientos de EE.UU. A través de diversos recursos en los tribunales, luego de que Arévalo ganó los comicios en agosto de 2023, se intentó invalidar su elección.

Giammattei dejó el cargo en medio de grave crisis política

La sanción contra Giammattei ocurrió unas horas después de que el Gobierno de Joe Biden también anunciara una medida similar contra Alberto Pimentel Mata, exministro de Energía de Guatemala, que habría utilizado su puesto para obtener sobornos provenientes del sector minero a cambio de facilitar contratos gubernamentales y licencias.

Durante su administración fueron presentadas varias denuncias públicas contra su Gobierno, en especial por la opacidad en la compra de vacunas rusas para atender la emergencia de la covid-19.

Giammattei llegó a ser presidente en 2020, después de haberlo intentado por casi dos décadas. Durante su Gobierno se debilitó la lucha anticorrupción y decenas de operadores de justicia tuvieron que salir al exilio denunciando criminalización por su lucha anticorrupción.

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