América Latina y el Caribe figuran entre las regiones con mayor producción de alimentos del mundo; sin embargo, 44 millones de personas aún padecen hambre y desnutrición.
Según el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y el Fondo Monetario Internacional (FMI), esta contradicción surge por la desigualdad en el acceso a los alimentos y la falta de inversión.
No obstante, sostienen que con menos del 1% adicional del Producto Interno Bruto (PIB), cerca del 70% de los países podría erradicar el hambre si usan recursos ya destinados a programas contra la pobreza.
Adalberto Blanco, miembro de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, explica que en el caso de El Salvador se habla de alrededor de 350 millones de dólares al año, que tendrían que invertirse en agricultura. “De momento estamos rondando los 100 millones es posible hacerlo o si estamos dentro del rango de posibilidades, implica también una voluntad del país”, reitera.
Por su parte el economista, César Villalona, añade que, para atacar la pobreza, hay que avanzar en la producción de alimentos y las oportunidades que tienen la gente de consumirlo. Con ese planteamiento sugiere que además se evalúen “ingresos [salarios] y mejorar empleo, son tres cosas, no sólo basta levantar la producción».
Video/TCS.
Dietas alimenticias inadecuadas desencadenan casos de obesidad
El problema se agrava con un exceso del 26% en el consumo calórico por persona, y la obesidad, que afecta a 141 millones de personas, también es una emergencia nutricional en la región, según la investigación.
Esta situación ocurre cuando los hogares sustituyen alimentos ricos en nutrientes o fuentes de proteína por productos altamente refinados o por un consumo excesivo de harinas y azúcares, añadió el representante de la Mesa por la Soberanía Alimentaria.
¿Cómo se refleja este desafío nutricional en el país?
La Mesa por la Soberanía Alimentaria advierte que El Salvador enfrenta un estrés alimentario, ya que, aunque hay disponibilidad de alimentos, muchas familias deben ajustar su dieta según sus limitaciones económicas. Por ello, organizaciones y economistas esperan que las recomendaciones de los organismos internacionales sean consideradas al aprobar el Presupuesto General de la Nación 2026.
