La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) capturan a cabecillas de una estructura criminal dedicada al hurto de identidad y hurto por medios informáticos.
Personal de las instituciones realizaron cuatro registros con prevención de allanamiento en los distritos de Apopa, Ciudad Delgado y San Martín.
En una vivienda de Apopa se detuvo a una persona y le decomisaron dinero en efectivo, teléfonos celulares y una laptop. En Ciudad Delgado detuvieron a otro acusado, quien administraba cuentas bancarias digitales.
La Unidad de Cibercrimen de la FGR atribuye delitos de agrupaciones ilícitas, hurto por medios informáticos y hurto de identidad a los detenidos.
Usaban encuestas para hurto de datos
La FGR informó que los integrantes de esta estructura fingían ser empleados de instituciones financieras nacionales. Se acercaban a las personas y comerciantes de mercados ofreciendo $20 y $25 para que les respondieran una encuesta.
El formulario de la encuesta pedía datos como nombre, fecha de nacimiento, número del Documento Único de Identidad (DUI), dirección de residencia y correo electrónico. Además, a cada víctima le tomaban una fotografía.
«Los miembros de la estructura criminal procedían a abrir cuentas bancarias digitales a nombre de las víctimas en diversas instituciones financieras», dice la Fiscalía.
Para crear las cuentas, la estructura también utilizaba números de teléfonos que ellos tenían bajo su dominio o control.
Utilizaban las cuentas para movilizar dinero que procedía de estafas que esta red realizaba por WhatsApp. «Mediante la suplantación de identidad y de otras operaciones fraudulentas desarrolladas con medios informáticos», añade.
Los acusados retiraban el dinero en cajeros automáticos mediante la generación de código de retiro sin tarjeta.
Las personas que llenaban el formulario nunca se enteraban que usaban su información personal para crear las cuentas y movilizar dinero de origen ilícito.
Esta estructura de hurto de datos operó de enero a marzo de 2026 y se estima que en ese período abrió al menos 22 cuentas bancarias digitales, según la investigación fiscal.
«De hecho, las autoridades aún trabajan por establecer el monto económico con que fueron afectadas las víctimas», dice el Ministerio Público.
