Un juez federal en Massachusetts anuló la tarifa de $100,000 que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso a las solicitudes de visa H-1B.
El juez Leo Sorokin dictaminó que el presidente no puede imponer lo que equivale a un impuesto a los empleadores sin autorización del Congreso.
El viernes 19 de septiembre de 2025, Trump firmó una la proclamación «Restricción a la entrada de ciertos trabajadores no inmigrantes», que impuso el pago de $100,000.
Te podría interesar: Trump presiona por acuerdo mientras crece tensión regional
Esto para reformar el programa de visados H-1B, “con el fin de frenar los abusos y proteger a los trabajadores estadounidenses”.
Este tipo de visa es la que permite a las empresas estadounidenses contratar de manera temporal a profesionales extranjeros especializados.
Los demandantes son 20 estados que alegan que la implementación de la Proclamación por parte de los demandados viola la separación de poderes y la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
“Los demandantes alegan que la Política excede el alcance de la autoridad del presidente según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA)”, dice. Y que “invade la facultad exclusiva” del Congreso para imponer impuestos, según lo estipulado en la Constitución.
Los demandados, en este caso el gobierno, argumentaron que el presidente tiene autoridad para imponer el impuesto de $100,000. Eso en virtud de sus “poderes en materia de inmigración y comercio”, pero no citaron la norma que los respalde en ninguna parte de su argumento. Tampoco menciona jurisprudencia anterior que se le delegue esa facultad.
El documento señala que el pago no significa que la contratación de extranjeros sea ilegal y tampoco constituye una multa. Pero sí constituye un impuesto.
“Por estas razones, el Tribunal determina que la Política impone un impuesto a las solicitudes H-1B sin la delegación requerida por el Congreso”, dice el juez.
El Tribunal anuló los materiales de la Política que implementan el requisito de pago de $100,000 de la Proclamación.
