El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, aliado cercano de la líder política María Corina Machado, regresó a prisión este lunes, apenas horas después de haber recuperado su libertad tras más de ocho meses detenido en Venezuela. La Fiscalía General informó que solicitó a un tribunal revocar su excarcelación y colocar a Guanipa bajo arresto domiciliario por supuestamente incumplir las condiciones impuestas al salir de prisión el domingo 8 de febrero de 2026.
Su hijo, Ramón Guanipa, denunció en redes sociales que su padre fue interceptado por varias personas armadas alrededor de la medianoche en el sector Los Chorros, en Caracas. Los denunciantes dijeron que los agresores vestían de civil, no se identificaron y obligaron a Guanipa a subir a vehículos sin placas claras. Familiares y dirigentes opositores exigieron pruebas de vida y la liberación inmediata del político.
Video / TCS.
Guanipa, de 61 años, integró las filas del partido Primero Justicia y lo detuvieron originalmente el 23 de mayo de 2025 por cargos relacionados con supuesta conspiración y terrorismo, acusaciones que su movimiento y organismos de derechos humanos calificaron de motivadas políticamente. Guanipa pasó varios meses en la clandestinidad antes de que lo arrestaran y permanecer más de ocho meses en prisión.
Te podría interesar: Al menos un fallecido y 13 heridos tras el colapso de juego mecánico en India
El caso Guanipa aviva la tensión política
La excarcelación del domingo formó parte de una serie de liberaciones de prisioneros políticos ordenadas por el gobierno interino de Delcy Rodríguez, en un contexto de presión internacional y de debates sobre una posible ley de amnistía que permita salir a cientos de detenidos en los últimos años. Entre los liberados también figuraron otras figuras opositoras, aunque con restricciones como arresto domiciliario o monitoreo electrónico.
Machado calificó lo ocurrido con Guanipa como un acto violento y responsabilizó al gobierno de cualquier daño que pueda sufrir.
La situación ha encendido las tensiones políticas en Venezuela, donde la oposición denuncia un uso persistente del aparato judicial y de seguridad para reprimir la disidencia, mientras el oficialismo asegura que actúa dentro del marco legal vigente.
