La usurpación de terrenos es una problemática que afecta a numerosas familias en el país. Ante esta situación, expertos brindan recomendaciones sobre cómo actuar y qué medidas legales tomar.
Este tipo de casos se ha vuelto cada vez más común, convirtiéndose en una amenaza silenciosa para las personas que, aun siendo legítimas propietarias de sus terrenos, de un momento a otro descubren que estos han sido ocupados por extraños.
Morena de Rodríguez fue víctima de una usurpación. Relata que la persona responsable afirmó inicialmente que el terreno pertenecía a un familiar suyo, argumento que no coincide con la documentación legal que ella posee y que la acredita como dueña legítima.
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Usurpación de terrenos es penado por la ley
El artículo 219 del Código Penal salvadoreño tipifica la usurpación de inmuebles como un delito. Este ocurre cuando una persona despoja a otra de la posesión o tenencia legal de un bien inmueble mediante violencia, amenazas, engaño o abuso de confianza. Según la normativa, también se considera usurpación invadir el inmueble, permanecer en él sin autorización o expulsar a sus ocupantes.
El abogado penalista Alejandro Portillo explica que, si durante el hecho existe violencia o amenazas, la víctima (dueño del terreno) debe acudir de inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR) y presentar la documentación que respalde la propiedad, como la escritura de compraventa, constitución de servidumbre o usufructo.
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Portillo detalla que quienes cometen este delito pueden enfrentar penas de uno a tres años de prisión. “Es una pena considerable si se toma en cuenta el daño que se causa al violentar el derecho de propiedad”, enfatizó.
