Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa reformó seis artículos de la Ley Contra el Crimen Organizado, ampliando la detención provisional por dos años —con posibilidad de extenderla hasta tres— para investigar y presentar cargos contra personas vinculadas a pandillas bajo el régimen de excepción.
El cambio permite que la Fiscalía General de la República (FGR) presente acusaciones hasta agosto de 2027 contra las personas detenidas durante el régimen de excepción, muchas de las cuales cumplen prisión desde marzo de 2022 sin enfrentar juicio.
El diputado de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, afirmó que «es de suma importancia las reformas a aplicar, porque será un modelo procesal especializado y dinámico, que permita que la justicia sea expedita y efectiva, misma a aplicar a los 88,750 pandilleros que han sido detenidos. Esto es solo para grupos criminales, no para delitos comunes».
Video/ TCS.
El fiscal general Rodolfo Delgado solicitó a la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia realizar estos cambios, debido a que el decreto 803, vigente desde el 26 de julio de 2023, vencerá el 25 de agosto de este año.
Contexto previo a la reforma
En agosto de 2023, el Ministerio Público pidió a la Asamblea reformar la ley para extender dos años el plazo de la detención provisional, cuando ya se cumplían 17 meses desde la implementación del régimen de excepción.
Previo a esta reforma, el artículo 5 del Código Procesal Penal fijaba que la detención provisional duraba hasta 12 meses en casos de delitos menos graves y hasta 24 meses en los graves.
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Por su parte, la diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, se pronunció en contra de los cambios en la ley y afirmó que «es el reflejo de la incapacidad que tienen las instituciones que deben impartir justicia» en el país.
«Han tenido más de dos años para que se pueda tener una investigación seria de todos los casos y poder llevar a juicio a todos los detenidos (…) han tenido dos años para que se pueda definir en un juicio, con suficiente información, quien es culpable o inocente», expresó.
Ortiz subrayó que «las personas detenidas por error van a tener que esperar otros dos años para ir a juicio y poder determinar su situación».
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