En El Salvador, el embargo salarial funciona como un mecanismo legal que permite a los acreedores recuperar deudas mediante la retención directa de una parte del sueldo del trabajador.
Sin embargo, la normativa vigente evita que el deudor quede sin ingresos suficientes para subsistir. El Código Procesal Civil y Mercantil, en su artículo 622, establece que los salarios, sueldos, pensiones o retribuciones no son embargables si no superan dos salarios mínimos.
“Los primeros dos salarios mínimos no son embargables. Actualmente equivalen a $814. A partir de ahí, por cada salario mínimo adicional se retiene un 5% hasta un máximo del 25%”, explica el abogado en derecho económico, Julio Osegueda.
Te podría interesar: Atentos: vienen días de lluvias intensas en el territorio salvadoreño
Aplicación en casos de incumplimiento
Por otra parte, el economista de la Universidad de El Salvador (UES), Balmore López, señala que el embargo salarial se activa cuando un trabajador incumple con obligaciones económicas.
“Puede ser por un préstamo bancario, el mal uso de tarjetas de crédito o por haber firmado como fiador y que la deuda no se pague”, expresa López.
Osegueda subraya que esta medida no se ejecuta de manera automática. “El embargo solo puede ser ordenado por un juez dentro de un proceso judicial. Ninguna entidad bancaria ni institución privada puede aplicarlo por cuenta propia”.
Video / TCS. / Reportaje elaborado por: Nathaly Amaya.
Casos especiales: pensiones alimenticias
La legislación establece una excepción en el caso de pensiones alimenticias. Según Osegueda, se puede retener hasta un 50% del salario, sin importar un límite mínimo de ingresos.
Esto se debe a la naturaleza prioritaria de este tipo de obligaciones, donde la ley protege el derecho de los hijos a recibir manutención.
Embargo salarial: protección y equilibrio
El embargo salarial busca equilibrar dos realidades: el derecho de los acreedores a recuperar sus préstamos y la necesidad de los trabajadores de mantener un ingreso suficiente para sobrevivir.
En palabras de Osegueda: “más allá de las deudas, la ley protege la dignidad del trabajador al garantizarle un mínimo vital”.
Según los expertos, el embargo salarial se consolida como una herramienta legal que regula el cumplimiento de obligaciones económicas sin desproteger al trabajador.
