México se prepara para un ejercicio inédito en el mundo: el próximo domingo, los ciudadanos elegirán a todos sus jueces. El oficialismo de izquierda lo presenta como una solución definitiva contra la impunidad, pero sus críticos advierten que podría consolidar un régimen autoritario y abrir espacio a la influencia del crimen organizado.
La elección es fruto de una reforma que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien enfrentó el bloqueo judicial a ambiciosos proyectos, desde cambios constitucionales hasta grandes obras.
Su sucesora y copartidaria, la izquierdista Claudia Sheinbaum, argumenta que el voto popular ayudará a reducir los intolerables niveles de impunidad: 90% de casos sin sentencia.
Pero, para sus detractores, el verdadero objetivo es controlar el poder judicial y acabar con el único contrapeso al oficialismo, que domina el legislativo y la mayoría de las gobernaciones.
Alfred DAVIES, Zina DESMAZES, Carlo ECHEGOYEN, Silvana FLORES, Ivan Castaneira / AFPTV / CEPROPIE / AFP
En un contexto de franco debilitamiento de los partidos opositores, activistas llamaron a protestar el domingo contra esta primera etapa, en la que se elegirán a 2,600 jueces federales y magistrados de 19 de 32 estados. Los restantes 4,000 jueces locales se elegirán en 2027.
La jornada no tiene antecedentes, pues si bien países como Estados Unidos o Bolivia contemplan la elección popular de algunos jueces, en ninguno se había empleado hasta ahora para designar a todos los magistrados.
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Exabogada de el «Chapo» Guzmán figura como candidata a jueza en México
En un país golpeado por la corrupción y la violencia criminal, la elección aumenta el temor de que los jueces terminen sometidos al poder político y económico o a las amenazas de narcotraficantes.
Una oenegé crítica de los comicios identificó a 19 candidatos con vínculos con cárteles, corrupción y abuso sexual.
Incluso Silvia Delgado, antigua abogada del legendario narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos, se postula como candidata a jueza del estado de Chihuahua (norte).
La eventual victoria de personas cuestionadas solo podrá impugnarse tras la votación, en la que participan miles de aspirantes que fueron seleccionados por los tres poderes del Estado.
