Una jueza federal en Washington bloqueó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que exigía presentar prueba de ciudadanía para registrarse como votante en los formularios federales. En su fallo, la magistrada determinó que Trump no tiene autoridad legal para imponer este requisito.
En ese contexto, el director ejecutivo de «El Rescate de Los Ángeles», Salvador Sanabria, señaló que la decisión judicial se fundamenta en la Constitución de Estados Unidos.
“La Constitución garantiza la separación de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En este caso, la Carta Magna asigna expresamente al Congreso y a los estados la facultad de regular los procesos electorales”, explicó Sanabria.
Los expertos consideran que este tipo de medidas responden, en parte, a la baja popularidad que Trump ha enfrentado debido a sus políticas antimigrantes.
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“Es una medida que refleja el temor generado por la acumulación de acciones contra los migrantes que el expresidente impulsó durante su administración”, afirmó el asesor en temas migratorios, César Ríos.
Por su parte, Sanabria agregó que estas decisiones también han afectado la percepción pública del presidente republicano.
“Trump ha sufrido una caída en las encuestas de popularidad porque sus políticas han golpeado la economía familiar y han puesto en riesgo la seguridad médica de millones de ciudadanos”.
Posibles repercusiones políticas
De acuerdo con los expertos, el fallo se produce en medio de un renovado debate sobre la seguridad electoral y los derechos de los migrantes naturalizados, lo que podría influir en futuros comicios.
“Si el presidente obtiene un resultado adverso, se verá limitado para continuar promoviendo medidas de corte autoritario”, advirtió Sanabria.
Aunque las próximas elecciones presidenciales están previstas para noviembre de 2028, los analistas consideran que este tipo de resoluciones judiciales podrían marcar un nuevo rumbo en la participación ciudadana y en la defensa de los derechos civiles en Estados Unidos.
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