El Pentágono dio luz verde a 600 abogados militares del departamento de Justicia para que trabajen temporalmente como jueces de inmigración con el objetivo de aliviar el rezago histórico en los tribunales.
Un cambio que desde el punto de vista de organizaciones promigrantes y expertos advierten que los abogados podrían enfocarse en promover juicios rápidos y deportaciones expeditas, poniendo en riesgo la imparcialidad de los procesos.
«Esto desdibuja la frontera entre el poder judicial y el poder militar. Lo que puede interpretarse como un paso hacia la militarización del sistema migratorio en Estados Unidos», señala César Ríos, director de la Asociación Agenda Migrante.
Dicha medida fue anunciada por el secretario de Defensa de Estados Unidos. Además, la Casa Blanca eliminó los requisitos de experiencia previa en leyes migratorias para quienes ocupen estos cargos, que tendrán períodos renovables de seis meses.
Decisión que, a criterio Ríos, forma parte de la ofensiva de la administración Trump. “Yo creo que lo que más debemos ponerle atención, es la imparcialidad sobre la actuación de estos militares interviniendo con las actividades migratorias, la imparcialidad es un reto”.
Video/TCS.
Advierten riesgo en decisiones migratorias con los nuevos jueces
La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración en Estados Unidos sostiene que los nombramientos deben basarse en la experiencia y la transparencia de los designados; de lo contrario, aseguran podrían producirse decisiones apelables que empeoren el rezago en los tribunales, que ya supera los tres millones de casos.
Helen Olea, vicedirectora de Alianza Américas, señala que la medida privilegia la rapidez sobre la justicia. “Genera muchísimas aprehensiones y preocupaciones para las personas que tienen casos de inmigración vigentes”.
Medios internacionales informan que el Departamento de Defensa está reclutando tanto a sus asesores judiciales como abogados civiles para que ejerzan temporalmente como jueces migratorios. El Pentágono aclara que este despliegue responde a una solicitud de apoyo por parte del Departamento de Justicia.
