El Congreso de Guatemala declaró a las pandillas como «organización terrorista», luego de que 20 cabecillas escaparan de prisión, presuntamente en complicidad con funcionarios.
La fuga fue calificada por Estados Unidos como “inaceptable” y provocó que el presidente Bernardo Arévalo removiera de su cargo a los funcionarios de la cúpula de seguridad.
El mandatario guatemalteco aplaudió la aprobación, señalando que esta medida otorga “herramientas necesarias para enfrentar a las maras”.
La ley eleva de 12 a 18 años la pena máxima de cárcel por extorsión, uno de los principales delitos que cometen estas estructuras contra comerciantes y transportistas. Además, sube la pena en un tercio si el sentenciado es pandillero.
El Congreso, de mayoría opositora, también estableció penas de prisión de hasta 18 años a quienes “recluten” a menores para las pandillas y ordenó la construcción de una cárcel de máxima seguridad.
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Según las autoridades, en Guatemala hay unos 12,000 pandilleros y colaboradores, mientras que otros 3,000 están en prisión.
La acción de las pandillas incide en el aumento de la tasa de homicidios en el país, que pasó de 16.1 por cada 100,000 habitantes en 2024 a 17,65 este año, más del doble del promedio mundial, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales de Guatemala.









