La reforma al sistema de pensiones, clave para avanzar en el acuerdo entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI), tiene como plazo de presentación febrero de 2026. Para llegar a esa fecha, el Gobierno requiere un estudio actuarial. Según el ministro de Hacienda, aún disponen del tiempo suficiente para elaborarlo.
«Estamos avanzando con el Fondo Monetario Internacional, estamos en conversaciones con ellos con los aspectos que están conforme con los documentos que hemos firmado con el Fondo», destacó Posada.
Video / TCS. / Reportaje elaborado por: Ingrid Castellanos.
La evaluación del sistema de pensiones y el estudio actuarial estaban previstos inicialmente para julio, pero el plazo se amplió hasta septiembre. Patricio Pineda, representante de la Mesa para una Pensión Digna, señala que el tiempo que originalmente se acordó ya se cumplió.
«No están en tiempo… porque no han publicado absolutamente nada y hay fechas públicamente comprometidas, pueden publicar en febrero, en marzo, en abril, en cualquier mes que quieran, lo que quieran. El problema es que como lo han hecho fuera del elemento de transparencia, sus números van a salir alterados», externó Pineda.
Te podría interesar: El mercado de seguros en El Salvador creció 5.6% en 2024
FMI ya otorgó dos desembolsos al país
En la última revisión del Servicio Ampliado, el FMI elogió el desempeño del Gobierno salvadoreño en el cumplimiento del acuerdo y otorgó un nuevo desembolso. Hasta ahora, el Ejecutivo ha recibido dos desembolsos que suman $231 millones, los cuales, según el ministro de Hacienda, han apoyado la economía del país.
«El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional efectivamente ha servido de soporte para todas la políticas que hemos venido implementando en la parte fiscal y estamos trabajando con ellos en una serie de acciones que ya desde el Gobierno se habían planificado y por eso digo que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional da un soporte a todas esas medidas que ya estaban de alguna forma planificadas», manifestó Posada.
Según Pineda, el estudio actuarial requiere que el Gobierno publique la deuda de pensiones, la cantidad de cotizantes activos, la rentabilidad generada y las razones por las que se han destinado fondos de pensiones a otros usos.
