El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno de El Salvador alcanzaron un acuerdo a nivel de personal técnico sobre la primera revisión del acuerdo de 40 meses en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF). De ser aprobado por el directorio ejecutivo del FMI, el país recibiría un desembolso cercano a los $120 millones.
Este es el segundo tramo del SAF aprobado el 26 de febrero de 2025, con un acceso total de $1.400 millones.
Dicho acuerdo destaca los avances significativos del gobierno salvadoreño en la implementación de su programa de reforma económica, respaldado por el FMI. Según la declaración conjunta emitida por Rodrigo Cubeddu, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental y Enrique Torres, jefe de misión para El Salvador, la mayoría de los objetivos establecidos en esta primera revisión “se cumplieron con creces” y el progreso estructural del plan se mantiene “satisfactorio”.
Asimismo, finalizaron las conversaciones en el marco de la consulta del Artículo IV de 2025, centradas en mejorar las perspectivas de crecimiento a mediano plazo del país. A pesar de un entorno económico global más desafiante, El Salvador continúa mostrando señales de crecimiento, impulsado por una mayor confianza interna y un flujo sólido de remesas, según destacó el FMI.
Además, otros acreedores se comprometieron a brindar apoyo financiero adicional por un total combinado de aproximadamente $3.500 millones.
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Acuerdos que alcanzaron con el FMI
Para una sólida ejecución inicial del programa, alcanzaron acuerdos sobre políticas para seguir garantizando los objetivos del programa. Estos son:
- Una consolidación fiscal que seguirá este año por medio de recortes salariales, moderación del gasto corriente, desarrollo de planes para reformar la función pública y los sistemas de pensiones. “Esto se verá respaldado por la nueva Ley de Sostenibilidad Fiscal, cuya promulgación está prevista próximamente”, se lee en el comunicado del FMI.
- Se fortalecerán los depósitos gubernamentales en el Banco Central de Reserva con el apoyo de la financiación de instituciones financieras internacionales y la disciplina fiscal. “Mientras tanto, se incrementarán los requisitos de liquidez bancaria de acuerdo con los compromisos del programa, a la vez que se fortalecerá la supervisión bancaria, incluyendo la de las cooperativas”.
- Con la adopción de la Ley Anticorrupción, se garantizará su aplicación adecuada para complementar los esfuerzos en mejorar la gobernanza. También en la rendición de cuentas y la transparencia, “incluidas las cuentas fiscales del sector público en general”.
- Con respecto al Bitcoin, seguirán esfuerzos para garantizar que la cantidad total de Bitcoin en todas las billeteras propiedad del gobierno permanezca sin cambios, “en consonancia con los compromisos del programa, al tiempo que se asegura el desmantelamiento de la participación del sector público en la billetera Chivo para fines de julio”.
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