Estados Unidos confirmó este jueves que impuso sanciones a funcionarios de seguridad y redes financieras iraníes, por acusarlos de “orquestar una violenta represión” contra protestas pacíficas y de blanquear miles de millones de dólares provenientes del petróleo.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent dijo que «Estados Unidos respalda firmemente al pueblo iraní en su llamado a la libertad y la justicia» y afirmó que la medida fue tomada por orden del presidente Donald Trump.
Entre los funcionarios sancionados se encuentra el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, a quien Washington acusó de coordinar la represión y de instar al uso de la fuerza contra los manifestantes.
También figuran cuatro comandantes generales de las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Guardia Revolucionaria de Irán, por estar vinculados en la represión en las provincias de Lorestán y Fars.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que «las fuerzas de seguridad en Fars han asesinado a innumerables manifestantes pacíficos y los hospitales están saturados de pacientes con heridas de bala que no se puede admitir a otros tipos de pacientes».
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¿Qué ocurre con las sanciones impuestas por Estados Unidos?
El Tesoro designó a 18 personas y entidades acusadas de operar redes de «banca paralela» que blanquean los ingresos procedentes de la venta de petróleo iraní a través de empresas fachada en los Emiratos Árabes Unidos, Singapur y el Reino Unido.
Según el Tesoro, estas redes canalizan miles de millones de dólares anualmente utilizando empresas fachada y casas de cambio «mientras los ciudadanos iraníes enfrentan dificultades económicas».
Las sanciones congelan los activos estadounidenses de las personas designadas por el Tesoro y prohíben a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con ellas.
Además, las instituciones financieras del extranjero corren el riesgo de recibir sanciones secundarias por transacciones con las entidades designadas.
