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martes, 27 enero, 2026

La Fiscalía española archiva la denuncia contra Julio Iglesias

El Ministerio Público cerró las diligencias al concluir que España no tiene competencia para investigar los hechos denunciados.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la denuncia por presunta agresión sexual contra Julio Iglesias al determinar que España no tiene competencia para investigar los hechos.

El Ministerio Público abrió diligencias el 5 de enero tras la denuncia presentada por dos extrabajadoras del artista, quienes aseguraron haber sufrido agresiones sexuales y otros delitos en República Dominicana y Bahamas en 2021. Sin embargo, el análisis jurídico concluyó que los tribunales españoles “carecen de competencia” porque los hechos se habrían producido fuera del territorio español, las denunciantes no tienen nacionalidad española y el cantante no reside en España.

Foto: Cortesía

En el decreto de archivo, la Fiscalía subraya que “no se cumplen los requisitos legales para que España pueda asumir la investigación”, lo que impide seguir con las diligencias preprocesales. Las actuaciones se iniciaron para valorar la verosimilitud de los hechos y si existían indicios suficientes, pero el Ministerio Público concluyó que “no existe base jurídica para seguir adelante”.

El escrito remarca que la Audiencia Nacional solo puede intervenir en los supuestos previstos por la ley y que, en este caso, la totalidad de los hechos presuntamente delictivos habrían ocurrido en República Dominicana y Bahamas. Añade que las personas denunciadas no residen en España ni mantienen en el país su centro de vida o actividad, más allá de que Iglesias tenga propiedades inmobiliarias.

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Abogado de Julio Iglesias solicitó que se archivara

La defensa del cantante también solicitó el archivo por la misma razón. Cuatro días después, la Fiscalía adoptó la decisión de cerrar las diligencias, dejando abierta únicamente la posibilidad de que las denunciantes continúen el proceso en los países donde supuestamente ocurrieron los hechos.

Foto: Cortesía

El decreto añade que no consta ningún vínculo personal o territorial de las denunciantes con España ni que las autoridades de esos países hayan renunciado a actuar. Por ello, concluye que España no puede intervenir, pese a la nacionalidad española de Iglesias.

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