El Salvador y Estados Unidos extendieron hasta el año 2030 el Memorando de Entendimiento para la Protección del Patrimonio Cultural, acuerdo bilateral que busca fortalecer la cooperación en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes arqueológicos, históricos y eclesiásticos, informó la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco.
La prórroga de este instrumento, vigente desde 1995, reafirma el compromiso conjunto de ambos países con la salvaguarda de bienes culturales que forman parte de la herencia histórica y social de El Salvador, destacó la canciller durante el acto de conmemoración que se celebró en San Salvador. Este memorando es considerado uno de los acuerdos más antiguos de su tipo en América y ha servido de modelo para la cooperación internacional en materia de preservación patrimonial.
El acuerdo permite establecer medidas estrictas para evitar la importación ilegal de artefactos salvadoreños en territorio estadounidense. Entre los mecanismos incluye la exigencia de pruebas de propiedad legal para cualquier objeto cultural que ingrese a Estados Unidos, lo cual dificulta la comercialización ilícita de piezas prohibidas por la legislación salvadoreña.
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El Salvador y EE. UU. reafirman compromiso con el patrimonio cultural
Durante la ceremonia, la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, señaló que la extensión del acuerdo también genera beneficios académicos y culturales, además de contribuir a la protección de sitios arqueológicos y material histórico. Resaltó la cooperación interinstitucional que facilita, por ejemplo, la repatriación de piezas recuperadas tras investigaciones y operativos entre autoridades aduaneras de ambas naciones.
La renovación hasta 2030 se produce en el marco de las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos, un contexto que, según funcionarios salvadoreños, simboliza la importancia de fortalecer los lazos bilaterales más allá de consideraciones políticas o económicas.
El memorando también promueve intercambios científicos y educativos, apoyo técnico para la protección del patrimonio y la creación de programas que involucren a instituciones locales, iglesias y comunidades académicas. Las autoridades han destacado que proteger estos bienes no sólo preserva la memoria histórica, sino que impulsa la identidad cultural y el desarrollo turístico.
