El delito de “dilaciones procesales” fue incorporado al Código Penal para castigar a quienes retrasen o dilaten la celebración de una audiencia o acto procesal. Este formaba parte del pliego de reformas que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa que entraron en vigencia a partir del 21 de febrero.
Las dilaciones procesales plantea que: “La autoridad pública que en el trámite de un proceso judicial retarde, o permita que cualquiera de los intervinientes retarde, de manera injustificada, la actividad procesal correspondiente, generando con ello dilaciones indebidas, será sancionado con prisión o inhabilitado del cargo”.
Video/ Reporte por Ingrid Castellanos.
¿Quiénes podrían ser los actores de dilaciones procesales?
Según el Código Penal, son las autoridades públicas, es decir, los jueces o cualquiera en calidad dentro de un proceso judicial. Por ejemplo, fiscales, los abogados defensores, los imputados, las víctimas, los testigos o los peritos.
«Quien quiere quitarse la responsabilidad de la dilación procesal es el gobierno en sí. ¿A quién va a atacar el delito? Contra los mismos operadores judiciales. Es decir, contra los operadores de justicia, contra la policía de investigaciones o posiblemente contra el fiscal«, explicó el director de Asuntos Legales Socorro Jurídico, Óscar Rosales.
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Además, Rosales agregó que «si hay un atraso en los procesos será su responsabilidad, ¿cuál será la sanción? para ellos va a ser administrativa porque no hay procedimiento, la reforma no tiene procedimiento, entonces es más que todo una medida política«.
Especialistas señalan que este delito vendrá a congestionar los procesos judiciales. Aunque también indican que tendrá aspectos positivos con respecto a los tiempos.
El abogado litigante, Alberto Machado manifestó que «es un prejuicio en tiempo, en recurso humano y por supuesto, al final hay una inseguridad jurídica o una dilación para la decisión judicial. Tanto respecto para un imputado que tiene su derecho al debido proceso, como también para las víctimas«.
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