El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que el presidente Donald Trump no cuenta con autoridad legal para imponer de forma unilateral aranceles a la mayoría de los socios comerciales del país. La decisión representa un revés significativo para una de las principales líneas de su política económica y redefine los límites del poder ejecutivo en materia comercial.
La Corte analizó el alcance de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), normativa que permite al presidente actuar frente a amenazas inusuales y extraordinarias para la seguridad nacional. Trump utilizó esa legislación para justificar la imposición de gravámenes amplios a importaciones de diversos países, al argumentar razones vinculadas con la seguridad y el interés económico nacional.
Sin embargo, los magistrados concluyeron que dicha ley no otorga facultades expresas para establecer aranceles de manera generalizada sin la participación del poder legislativo. En su resolución, el tribunal recordó que la Constitución asigna al Congreso de Estados Unidos la competencia de regular el comercio exterior y fijar impuestos y gravámenes. Por ello, subrayó que el Ejecutivo no puede asumir esa atribución sin un respaldo claro del Legislativo.
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El fallo redefine la política de aranceles impulsada por Trump
Durante su segundo mandato, Trump impulsó una política comercial basada en el uso de aranceles como instrumento de presión en negociaciones internacionales y como mecanismo para proteger la industria nacional. Estas medidas afectaron a varios socios comerciales estratégicos y generaron tensiones en los mercados globales.
La sentencia no solo limita el alcance de futuras decisiones presidenciales en este ámbito, sino que también refuerza el principio de separación de poderes en Estados Unidos. Analistas consideran que el fallo obligará a cualquier administración a buscar autorización del Congreso antes de adoptar medidas arancelarias de amplio impacto.
Con este fallo, el máximo tribunal establece un precedente relevante sobre la distribución de competencias entre los poderes del Estado y delimita con mayor claridad el marco jurídico de la política comercial estadounidense.
