El Juzgado de Sentencia de Chalatenango condenó a 15 años de prisión al exministro de Defensa de El Salvador, general José Guillermo García, 91 años; al exdirector de la Policía de Hacienda, el coronel Francisco Morán de 93 años y al excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería, coronel Mario Adalberto Reyes Mena de 85 años, por el asesinato de cuatro periodistas holandeses ocurrido hace 43 años en el contexto de la guerra civil en El Salvador.
General José Guillermo García, exministro de Defensa de El Salvador.
El fallo se anunció este martes, lo que, para los acusadores, representa un paso histórico en la búsqueda de justicia por crímenes cometidos durante el conflicto armado salvadoreño.
“Acaba de entregar el jurado su veredicto condenatorio en contra de los tres procesados”, declaró el abogado de una de las víctimas, Pedro Cruz. “Se ha juzgado un crimen de lesa humanidad de esta manera, después de tanto tiempo de espera”.
Exdirector de la Policía de Hacienda, coronel Francisco Morán y excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería, coronel Mario Adalberto Reyes Mena
Los periodistas Koos Koster, Jan Kuiper, Hans ter Laag y Joop Willemsen fueron asesinados el 17 de marzo de 1982 en Santa Rita, Chalatenango. Se encontraban filmando un documental en el país cuando fueron interceptados por soldados del Batallón Atonal, que salieron desde la Cuarta Brigada de Infantería, ubicada en El Paraíso, en el mismo departamento.
Durante la vista pública, los imputados no estuvieron presentes. El general García, de 91 años, y el coronel Morán, de 93, se asegura que están bajo custodia en un hospital privado de San Salvador debido a su estado de salud. Mientras que Reyes Mena, de 85 años, reside en Estados Unidos. En marzo de este año, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ordenó iniciar el proceso de extradición para traerlo al país.
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“Los condenaron a 15 años tomando en cuenta su condición de salud y de edad, a los tres y una condena al Estado de El Salvador por la retardación de justicia, una condena simbólica, y se condena a un pronunciamiento público al Comandante General de las Fuerzas Armadas para que le pida perdón a las víctimas en nombre de las Fuerzas Armadas”, sostuvo el abogado Pedro Cruz.
El caso permaneció sin resolver durante más de cuatro décadas. En 1988, la jueza que lo presidía recibió amenazas que la obligaron a exiliarse en Canadá. Fue reabierto en 2018, tras la derogación en 2016 de la ley de amnistía para crímenes de guerra que había sido aprobada en 1993.
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