En El Salvador, las incapacidades médicas temporales y de maternidad se tramitan únicamente a través del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), que regula y supervisa la emisión de estos documentos conforme a su normativa. Cada incapacidad pasa por procesos de control para garantizar su validez y correcto uso.
No obstante, el ISSS ha identificado casos en los que algunas personas modificaron o falsificaron incapacidades médicas para justificar ausencias laborales sin presentar un problema de salud real. La institución advirtió que esta práctica constituye un delito con consecuencias penales, por lo que reforzó los mecanismos de verificación.
«Por ejemplo, para saber quién ha emitido la incapacidad, a dónde está el correlativo, incluso nos sirve, por ejemplo, como se hace el tiraje de talonarios nos sirve por ejemplo quién ha recibido qué número de talonario», subrayó el Gerente de Salud del ISSS, Edwin Salmerón.
Video / TCS. / Reportaje elaborado por: Mónica Linares.
El ISSS advirtió que las incapacidades médicas pasan por varios filtros de verificación, lo que ha permitido descubrir casos de uso indebido de estos documentos.
«Se ha detectado que, por ejemplo, no está ni el médico involucrado, sino que alguien se robó el talonario sellado con un sello x. Entonces, ya cuando nosotros vemos alguna incongruencia, porque todas las incapacidades, obviamente, cuando generan subsidios o que se van a presentar a un patrono siempre llevan un grado de revisión, porque para emitirla no solo el médico la emite», explicó Salmerón.
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¿Qué dice la ley sobre la emisión de incapacidades falsas?
El Código de Trabajo y el Reglamento Institucional del ISSS tipifican la incapacidad médica falsa como una falta muy grave. Según el nivel de falsificación, se pueden imponer sanciones que van desde la suspensión del trabajador hasta su destitución.
Este tipo de fraude también puede acarrear sanciones penales para quien emite y para quien presenta la incapacidad, por delitos como falsedad ideológica y material, uso de documentos falsos y estafa, los cuales incluso pueden implicar penas de prisión.
«El de la falsedad material, porque es materialmente falso, no goza de todos los signos de autenticidad y la información insertada en él también es falsa. Entonces, ahí concurren los dos delitos», enfatizó el abogado penalista Gerardo Hernández.
El Código Penal sanciona este delito con penas de entre tres y seis años de prisión. Por su parte, el Código de Trabajo establece que la presentación de una incapacidad falsa mediante engaño o fraude constituye una causa de despido justificado, sin obligación del empleador de pagar indemnización ni compensación por años de servicio.
Por último, cuando una incapacidad proviene de un centro médico privado, el ISSS exige un proceso de homologación para validar el diagnóstico.
