El Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió miles de nuevos documentos relacionados con el caso del financiero Jeffrey Epstein, acusado de dirigir una red de abuso sexual de menores. La divulgación ocurrió en medio de un clima de presión política y de reclamos por parte de congresistas demócratas, que consideran insuficiente el volumen y el contenido de los archivos puestos a disposición del público.
Según la institución, los documentos incorporan registros que permanecieron bajo reserva durante años. Sin embargo, legisladores demócratas advirtieron que el material presenta amplias censuras y vacíos de información, lo que, a su juicio, limita el acceso a datos relevantes y contraviene el espíritu de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, aprobada para garantizar un mayor escrutinio público del caso.
El Departamento de Justicia también abordó las menciones al presidente Donald Trump incluidas en algunos de los archivos. En un comunicado, la entidad afirmó que «algunos de estos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020». Además, sostuvo que «las afirmaciones carecen de fundamento y resultan falsas, y si hubieran tenido un mínimo de credibilidad, ya habrían servido como arma política contra el presidente Trump».
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El caso Epstein vuelve al centro del debate
Medios internacionales señalaron que la publicación de los archivos volvió a colocar en el centro del debate el manejo institucional del caso Epstein y la tensión entre el deber de transparencia y la protección de las víctimas. Organizaciones que representan a sobrevivientes también expresaron su inconformidad y advirtieron que las omisiones impiden comprender el alcance de las responsabilidades y de las posibles redes de encubrimiento.
El Departamento de Justicia defendió su actuación y aseguró que continuará con la revisión y la divulgación gradual de documentos, con el fin de cumplir la ley y proteger información sensible. Mientras tanto, el debate político continúa en el Congreso, donde sectores de la oposición reclaman una liberación más amplia y sin restricciones injustificadas de los archivos vinculados a uno de los casos más controvertidos de las últimas décadas.
