Las autoridades capturaron a 19 personas durante operativos ejecutados en Colombia, Ecuador y El Salvador, que según las investigaciones, formaban parte de una red transnacional por cargos de crimen organizado, lavado de dinero y fraude de visas.
De acuerdo con los reportes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la red defraudó a miles de ciudadanos de Centro y Sudamérica que buscaban trabajar legalmente en Estados Unidos. Las víctimas fueron estafadas por más de $2.5 millones.
De los detenidos, cinco de ellos enfrentan cargos en el país norteamericano, quienes se hicieron pasar por funcionarios estadounidenses y falsificaban sellos e insignias de departamentos y agencias. Uno fue capturado en Sacramento, California y otro en Dallas. Los otros tres fueron arrestados en Medellín, Colombia y serán procesados para extradición.
Mientras que en Ecuador detuvieron a ocho personas y en El Salvador a seis más vinculadas a este y otros esquemas de fraude de visas.
“Estos acusados están señalados de hacerse pasar por funcionarios de los Estados Unidos para enriquecerse fraudulentamente a costa de víctimas que buscaban viajar legalmente a los Estados Unidos”, expresó Matthew R. Galeotti, Fiscal General Adjunto Interino de la División Criminal del Departamento de Justicia.
Hasta el momento, las autoridades han entrevistado a 700 víctimas y las pérdidas denunciadas oscilan entre $50 y $90,000 por persona. “Entre aproximadamente 2021 y la actualidad, los miembros de la organización han sido responsables de alrededor de $2.5 millones enviados por víctimas de hasta 15 países hacia los Estados Unidos en relación con este esquema”, informó en un comunicado la Embajada de Estados Unidos.
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¿Cómo ejecutaban el fraude de visas?
Los acusados operaban un esquema fraudulento a través de páginas de Facebook y otros sitios web donde ofrecían, de forma engañosa, supuesta asistencia para obtener visas de trabajo legales para Estados Unidos. Las víctimas eran llevadas por un proceso falso y cuidadosamente elaborado. Durante llamadas y comunicaciones electrónicas, los “asesores”, que trabajaban desde centros de llamadas ilegales en Colombia, fingían brindar apoyo real en la solicitud y aseguraban que existían ofertas laborales disponibles.
Además, se hacían pasar por consultores autorizados, para que así a las víctimas creyeran como si estuvieran participando en un trámite migratorio legítimo.
Como parte del fraude, los miembros de la estructura delictiva se hicieron pasar por funcionarios del gobierno estadounidense mediante videollamadas. Con esa identidad falsa inducían a las víctimas a enviar transferencias bancarias internacionales, supuestamente para cubrir tarifas migratorias exigidas por Estados Unidos.
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