La Fiscalía General de la República (FGR) lanzó una política antisoborno enfocada en garantizar transparencia en las compras públicas. La medida busca reforzar los controles internos en la adquisición de bienes y servicios estatales.
Dentro del marco legal, se considera como soborno cuando un funcionario recibe dinero, bienes o favores para influir en decisiones oficiales. La responsabilidad también alcanza a quienes facilitan o entregan los beneficios. En el ámbito penal, este delito se conoce como cohecho o cohecho impropio.
El abogado penalista Alberto Machado explicó: “cualquier dádiva o la entrega de dinero. La diferencia está en si se entrega por una acción propia de sus funciones o por una que no le corresponde”.
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Penas y sanciones establecidas
El Código Penal contempla sanciones de tres a quince años de prisión, dependiendo del tipo de delito y la función del implicado. A esto se suman sanciones administrativas respaldadas por la Ley de Ética Gubernamental, la Ley de Procedimientos Administrativos y la normativa Anticorrupción.
“Existen alrededor de 25 modalidades distintas, desde el cohecho propio e impropio hasta la exacción, el incumplimiento de deberes y otros delitos de corrupción, reforzados con la nueva normativa anticorrupción”, detalló el abogado en derecho público, Julio Osegueda.
Video / TCS. / Reportaje elaborado por: Lissette Santamaría.
Fiscalía subraya que la política responde a compromisos internacionales
El Ministerio Público aseguró que la política antisoborno responde también a compromisos internacionales. Osegueda agregó: “esto se enlaza con una observación que emitió el GAFI (Grupo de Acción Financiera), en la que se reconocía el avance de El Salvador en la lucha contra el lavado de dinero, aunque se insiste en fortalecer la institucionalidad que aplicará estas normativas”.
El objetivo es que las compras públicas se realicen de manera transparente y responsable, bajo controles claros de la FGR. La iniciativa coloca a El Salvador dentro de una tendencia global donde los países del hemisferio impulsan medidas para combatir la corrupción y promover buenas prácticas en la administración pública.
