El estatus de permanencia de más de medio millón de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en Estados Unidos quedó en incertidumbre tras la decisión de la Corte Suprema de avalar que la administración Trump revoque el programa de “parole” humanitario.
Este beneficio otorgaba residencia y permiso de trabajo temporal, pero ahora, sus beneficiarios quedan expuestos a una posible deportación acelerada, advierte la prensa. Un escenario que no es alentador, pero que continúan litigios en tribunales inferiores sobre la legalidad de la revocación masiva.
¿Cuál es el programa revocado y que facilitaría la deportación masiva?
El programa de “parole” humanitario fue implementado por la administración de Joe Biden en 2022 y ampliado en 2023. Ofrecía a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, la posibilidad de ingresar legalmente a Estados Unidos por dos años, siempre y cuando contaran con un patrocinador financiero y superaran controles de seguridad en el país.
Administraciones como la de Joe Biden defendieron la iniciativa “como una vía segura y ordenada a quienes huían de crisis económicas, políticas y humanitarias en sus países”. Pero que ahora con la resolución de la Corte Suprema, emitida este 30 de mayo, no se incluyó argumentación escrita y fue adoptada en respuesta a una apelación de emergencia presentada por la administración Trump deja a la deriva a los inmigrantes.
Imagen: Cortesía / Comunicado de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Programa de “parole”: ¿Cuál es su origen?
Se remonta a la década de 1950, cuando la ley federal de inmigración permitió a las administraciones conceder permisos temporales de entrada por razones humanitarias o de interés público significativo.
Durante la administración de Biden se recurrió a este mecanismo para responder al aumento de migrantes de países con graves crisis internas, permitiendo su ingreso legal y acceso a empleo. Un escenario que cambió totalmente con la llegada de Trump al gobierno, ya que se ordenó el fin de los programas de “parole”.
El pasado 20 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva para terminar con estos programas. En marzo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la revocación de los permisos, acortando los plazos de los beneficiarios.
En ese momento, el gobierno justificó que “revocar el estatus de parole facilitaría la inclusión de los migrantes en un proceso de deportación acelerada».
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La medida fue impugnada en tribunales por grupos de migrantes y sus patrocinadores estadounidenses, quienes alegaron que la terminación masiva del programa violaba la ley federal, que exige revisiones caso por caso.
La jueza federal Indira Talwani, del distrito de Massachusetts, falló en abril que la ley: “No permite la terminación generalizada del programa, sino que requiere una revisión individual”.
Decisiones de los tribunales
Por su parte, el Departamento de Justicia, en su apelación ante la Corte Suprema, sostuvo que:
Las decisiones de los tribunales inferiores estaban “deshaciendo políticas de inmigración democráticamente aprobadas que jugaron un papel central en la elección de noviembre”.
La decisión de la Corte Suprema se suma a otra tomada el 19 de mayo. Cuando permitió a la administración de Trump revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350,000 venezolanos, mientras se resuelve la disputa legal. Ambas resoluciones han sido parte de una serie de órdenes de emergencia que han respondido a los intentos de Trump de desmantelar políticas migratorias.
Esa decisión de la Corte Suprema no es definitiva, ya que el caso continuará en instancias inferiores. Pero de momento permite a Trump avanzar con la revocación del “parole” y la posible deportación acelerada de cientos de miles de personas.
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